Los ciudadanos de Roma no lo saben, pero este es un verano superactivo para trasladar a los gitanos de la capital de un sitio a otro. De manera inútil y costosa. El recorrido es siempre el mismo: dificultar la vida en los campos acondicionados que existen, dejando de hacer el mantenimiento, invocar la "degradación" y luego alejarlos más allá del Raccordo Anulare.
Esta vez el juego es más caro y comporta despilfarro de dinero público. También es embarazoso, pues el Tribunal de Roma ha afirmado que: “el «código de comportamiento» que se ha impuesto a los habitantes del nuevo «barrio La Barbuta atenta contra el derecho de libertad personal, la vida privada y familiar y la libertad de reunión», y pidió que se pararan.
Mientras tanto se destruye el "campo acondicionado" de Tor de' Cenci, habilitado y acondicionado en 2000, con cloacas y otros trabajos a cargo del Ayuntamiento. Se decide aumentar la población del campo de La Barbuta, hecho con 9 millones de euros del fondo “emergencia gitanos” nacional.
Antes de obligar a los habitantes a desplazarse de varios modos, se interrumpen los servicios de mantenimiento y gestión del campo. Ha “bajado de categoría”: pasa de “campo acondicionado” a “campo tolerado”. Ahora se procede a expulsar a los que habían quedado. Para evitar equívocos, se destruyen con excavadoras los contenedores que se habían comprado con dinero público y que se pueden reutilizar en otros lugares. Los escombros se quedan en el lugar y para los que se quedan realmente es una situación de degradación. Parece un bombardeo.
Por otra parte ya esperan para ir a la Barbuta una parte de los gitanos que estaban en Casilino 900, y que no han recolocado desde hace tres años, y los que están en Salario, más de 300 personas: siguen recibiendo la asistencia del Ayuntamiento a razón de 25-40 euros al día por persona. 300 personas comportan 9 o 10 mil euros al día que se siguen pagando. Una familia de cinco personas cuesta unos 4 o 5 mil euros al mes. Con mucho menos se pueden alquilar viviendas dignas. Pero el Ayuntamiento no lo hace. Y tampoco utiliza el nuevo campo de La Barbuta para ellos.
Habría sido más sencillo y menos caro recalificar el campo acondicionado de Tor de’ Cenci y trabajar para la integración, en lugar de trabajar para su desaparición para cumplir la promesa de que los gitanos no deben estar en Roma.
La Comunidad de Sant’Egidio pide:
1) Que se paren inmediatamente estas operaciones (se han registrado movimientos para dificultar la vida de los habitantes también en el campo de Monte Mario, con la destrucción de elementos de protección del sol en pleno verano), para evitar más daño y despilfarro de dinero público.
2) Que se cuantifique el valor de los trabajos de urbanización y de los contenedores que se destruyeron en el campo de Tor de' Cenci y en los casos análogos anteriores.
3) Que se cuantifique el coste de la recolocación de las personas desalojadas anteriormente, desde el momento del desalojo hasta hoy, teniendo en cuenta que en ese tiempo se han levantado, con el plan de emergencia de gitanos, nuevos campos acondicionados pero no utilizados por los primeros "desplazados".
Que se introduzca el principio de la responsabilidad personal, económica, en las decisiones que comportan un evidente despilfarro de dinero público para que no sean los ciudadanos los que lo paguen.
Sorprende que en tiempos de austeridad y de revisión de gastos se continúen tomando decisiones perjudiciales para el presupuesto de la ciudad cuando existen (y Cáritas, la Comunidad de Sant’Egidio y otros lo habían propuesto) alternativas razonables. |