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Pedro Rubiano Saenz
Cardinale, Colombia
1.- Contexto social: Colombia .... Una coyuntura cr�tica... Seg�n Planeaci�n Nacional, la guerra le cuesta al pa�s dos puntos de crecimiento anual del PIB es decir, unos 1.800 millones de d�lares al a�o.. La guerra afecta la inversi�n privada interna y externa, aumenta los costos de transacci�n, genera fuga de capitales, transfiere recursos productivos hacia la guerra v�a el secuestro o la extorsi�n. El sabotaje econ�mico tuvo un costo de 450 millones de d�lares en el 2002. La guerra es dolorosa no s�lo para las elites, sino para el pueblo en general al agudizar el desempleo y la pobreza. Pero a medida que las FF.AA. han retomado la iniciativa militar, el conflicto ha comenzado a ser, igualmente, muy doloroso para los grupos guerrilleros. Factores de orden pol�tico, militar, econ�mico, social e institucional plantean a Colombia m�ltiples problemas, dificultades y retos en relaci�n con el mantenimiento de los principios del Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la observancia de la normativa internacional humanitaria. En efecto, no existe un proceso de paz entre el Gobierno del Presidente �lvaro Uribe y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ej�rcito del Pueblo (FARC-EP) y el Ej�rcito de Liberaci�n Nacional (ELN); las acciones violentas, muchas de ellas de corte terrorista inciden significativamente en la degradaci�n del conflicto armado; se siguen presentando denuncias sobre nexos entre servidores p�blicos y organizaciones paramilitares; los activistas de Derechos Humanos y agentes promotores de paz y de desarrollo padecen presiones en el cabal ejercicio de sus derechos pol�ticos. La degradaci�n del conflicto armado y las dificultades para emprender un camino de soluci�n pol�tica del mismo a trav�s de negociaciones de paz adecuadamente estructuradas sigue siendo un desaf�o de primer orden. Es tambi�n un gran desaf�o la negociaci�n entre el Gobierno y los grupos de autodefensa paramilitares sin menoscabo del Estado de derecho y de los derechos fundamentales en el contexto de la verdad, la justicia y la reparaci�n. Para el Gobierno y los sectores econ�micos del Pa�s es un desaf�o responder a las exigencias de los derechos econ�micos, sociales y culturales, y a la econom�a que permita disminuir la inequidad existente e incrementar la inversi�n social. Buscar y encontrar mayores grados de concertaci�n y apoyo mutuo en la tarea de promover y proteger los derechos humanos sigue siendo un desaf�o para el Estado Colombiano. El Ejecutivo y el Legislativo tienen el reto de asegurar que toda propuesta normativa en materia de protecci�n del orden p�blico, administraci�n de justicia y funcionamiento de los �rganos de control respete los instrumentos adoptados por la comunidad internacional para garantizar el ejercicio democr�tico del poder y una efectiva tutela de los derechos y libertades fundamentales de la persona. 2.- El Conflicto armado colombiano en la coyuntura La coyuntura adquiere visos de crisis humanitaria. Es notable la degradaci�n del conflicto armado, que ha hecho m�s vulnerable a la poblaci�n civil y la crueldad creciente de los m�todos de combate utilizados por los grupos armados ilegales. El conflicto armado, el narcotr�fico y la crisis econ�mica han incidido en el deterioro de la situaci�n de los derechos humanos y han evidenciado una incapacidad del Estado para protegerlos y garantizarlos en su totalidad. Las conductas criminales de los diversos actores del conflicto hicieron patente su falta de respeto por los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la libertad individual. Sus reiterados ataques a la infraestructura p�blica multiplicaron los desaf�os del Estado para dar una respuesta efectiva a la crisis. Luego de la ruptura del proceso de di�logo y negociaci�n emprendido por la administraci�n del Presidente Andr�s Pastrana (1998-2002) frente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el gobierno, con el apoyo de diversos sectores de la Naci�n, cambi� la estrategia de b�squeda de la paz, intentando crear condiciones objetivas para la negociaci�n a trav�s del fortalecimiento del aparato militar y de los organismos de seguridad del Estado. Este camino, que pretende a trav�s de la acci�n militar, doblegar la voluntad de resistencia y combate de las organizaciones armadas al margen de la ley, ha sido asumido por el actual Presidente de la Rep�blica, �lvaro Uribe V�lez, con el apoyo mayoritario de la poblaci�n que en las elecciones presidenciales lo eligi� por su propuesta de mano firme y coraz�n dispuesto a la negociaci�n, en un proceso serio de construcci�n de la paz. El Presidente le apuesta, a trav�s de la llamada �pol�tica de seguridad democr�tica� y sus diversos instrumentos, fundamentalmente a que la acci�n sostenida de las fuerzas militares �con ayuda norteamericana� en material b�lico combinada con innovaciones estrat�gicas y t�cticas (anticipaci�n a la acci�n guerrillera mediante el despliegue r�pido de brigadas m�viles, inteligencia electr�nica y apoyo a�reo t�ctico a las fuerzas en tierra, incremento de las operaciones fluviales y el control de corredores terrestres y acu�ticos, etc.), ser� capaz de derrotar militarmente a las guerrillas, o al menos de disminuir de tal manera su capacidad de combate, que se vean obligadas a negociar su desmovilizaci�n en condiciones que favorezcan la posici�n estatal. El Estado parte del supuesto que la principal raz�n de la existencia de guerrillas fuertes en el Pa�s, luego del fin de la guerra fr�a en 1989, es que estas organizaciones obtienen los ingresos necesarios para sostener su accionar y su aparato militar mediante actividades relacionadas con el cultivo, procesamiento y tr�fico il�cito de narc�ticos. Por ello el combate a las �fuentes de financiaci�n de la guerrilla� es un componente fundamental de la acci�n del Estado, por ello agentes del Estado se�alan la insurgencia como �narco-guerrilla�. En este sentido el Estado ha emprendido diversas acciones para intentar cortar el flujo de fondos de la insurgencia, la erradicaci�n forzosa de cultivos il�citos y esfuerzos para obtener apoyos en el plano internacional, y acuerdos y convenios con otros Estados que le permitan detectar y controlar los flujos de fondos que produce la actividad del narcotr�fico, que les garantiza el tr�fico de armas. Tambi�n jug� un papel fundamental en la ruptura de los di�logos en febrero de 2002, la guerra contra el terrorismo emprendida por los Estados Unidos y sus aliados a partir de los atentados terroristas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Colombia se ha convertido en aliado decisivo e incondicional en esta lucha, y ello ha tenido repercusiones importantes. Desde la perspectiva pol�tica, el gobierno de los Estados Unidos incluy�, tanto a las guerrillas colombianas (FARC y ELN) como a los grupos de autodefensa, en su lista de organizaciones del terrorismo internacional. Tambi�n, por causa de los atentados por las FARC en Bogot� y Neiva en febrero de 2003, y tras una intensa ofensiva diplom�tica, el gobierno logr� que varios pa�ses calificaran como terroristas a esa organizaci�n y que la OEA, con los votos de Brasil y Venezuela se pronunciara declarando como hechos terroristas las explosiones mencionadas. Asimismo es significativo el incremento en el lenguaje de los pronunciamientos oficiales y en los medios de comunicaci�n de alusiones a las FARC, al ELN y a las autodefensas como �narco terroristas� y la cobertura que aquellos han dado a las vinculaciones, reales o supuestas, de las FARC con organizaciones terroristas europeas. A esto se suma que los Estados Unidos han decidido incrementar la ayuda militar a Colombia. Frente a la posici�n del Estado de incrementar su capacidad de combate, las operaciones ofensivas y la guerra pol�tica de desprestigio, las principales organizaciones insurgentes colombianas, las FARC-EP y el ELN, han reaccionado de manera diversa. Por un lado, en el plano militar las FARC parecen haber abandonado o pospuesto su prop�sito de consolidar una estrategia de guerra de posiciones, es decir, a controlar abiertamente ciertas porciones de territorio y concentrar grandes fuerzas con el fin de atacar posiciones de las fuerzas militares del Estado y han retornado a la guerra de guerrillas. Tambi�n han hecho esfuerzos por incrementar su acci�n en los grandes centros urbanos, y por infiltrar los organismos del Estado. Varios analistas califican esta posici�n como un �repliegue t�ctico� de las FARC que estar�a jugando �con el tiempo a su favor�, esperando el inevitable desprestigio que sufrir� el gobierno por el fracaso de su �pol�tica guerrerista�. Tal fracaso y desprestigio crear�a un Estado de �nimo colectivo de la sociedad colombiana similar al que sufr�a en el momento de las elecciones de 1998, que sumado a la �degradaci�n humanitaria� de un conflicto de baja intensidad que seguir� cobrando principalmente las vidas de la poblaci�n civil, har�a renacer los clamores de la sociedad colombiana por una salida pol�tica negociada, negociaci�n que convendr�a a los intereses de la guerrilla. En el plano pol�tico las FARC han endurecido su posici�n de negociaci�n, pues han incrementado su solicitud de territorios despejados (que hoy abarca los departamentos de Caquet� y Putumayo, frente a los cinco municipios de los departamentos de Meta y Caquet� que se despejaron durante el gobierno Pastrana), y se mantienen en su postura de buscar alcanzar el poder total del Estado, consolidar sus influencias territoriales, negociar en medio del fuego, dentro del territorio nacional y con base en una agenda amplia de reivindicaciones pol�ticas y sociales. Asimismo, las FARC han persistido en sus reclamos de lograr m�s que un �acuerdo humanitario�, que en realidad ser�a un �Canje� de personajes pol�ticos secuestrados por todos los combatientes de la FARC que est�n en las c�rceles, pero se quedar�an con cerca de 2.700 personas secuestradas que la FARC denomina �retenidos� por motivos econ�micos y no pol�ticos. En s�ntesis, tanto el Estado abiertamente, como la insurgencia, y concretamente las FARC, de manera m�s velada, parecen enfrascados en c�lculos de tipo estrat�gico y t�ctico en los planos militar y pol�tico, que buscan una victoria militar que les permita a unos acabar con la guerrilla y la violencia, y a otros controlar en el mediano y largo plazo el poder estatal en Colombia. Lo m�s probable es que ambos enfoques est�n equivocados. En este escenario, la negociaci�n pol�tica de una paz duradera y sostenible, basada en la justicia social, que busque la superaci�n de los grandes problemas nacionales y el fortalecimiento de la democracia, como la ha defendido y promovido la Iglesia, no parece tener cabida, pues cada uno buscar darse el tiempo y las oportunidades para alcanzar sus objetivos. Por su parte el ELN conserva una capacidad militar considerable, aunque con dificultades en algunas de sus regiones tradicionales, y, sin tomar iniciativas ofensivas, parece tambi�n estar esperando, haciendo c�lculos, mientras observa como se desarrolla el accionar militar del Estado frente a las FARC. Lo mismo en lo pol�tico, en donde, luego del rompimiento en sus acercamientos con el gobierno, tambi�n parece dar espera. Para la insurgencia el tiempo no cuenta mientras que los gobiernos cambian cada cuatro a�os, por eso desde su inicio la Comisi�n de Conciliaci�n Nacional siempre ha planteado la necesidad de que haya una pol�tica permanente de paz, es decir, una pol�tica permanente de Estado en la construcci�n de la paz para que el proceso no se interrumpa. Por el lado de las autodefensas la situaci�n es cr�tica en el campo militar y pol�tico. Algunos de los miembros principales de estos movimientos declararon una tregua unilateral a partir de diciembre de 2002, y se encuentran hoy en un proceso de desmovilizaci�n y desmantelamiento de sus estructuras militares que se concret� en el acuerdo de Santaf� de Ralito, firmado en julio de 2003, y que ir�a hasta diciembre 31 de 2005. Este acuerdo fue alcanzado con la facilitaci�n y buenos oficios de la Iglesia Cat�lica. Sin embargo, sin negar el tama�o de sus fuerzas y su capacidad de da�o, especialmente en el plano humanitario y en el desprestigio a las instituciones del Estado por sus relaciones, numerosas veces denunciadas, con sectores de la fuerza p�blica, es razonable pensar que fracas� la aventura de unificar y dar coherencia pol�tica -en un proceso que a diferencia del de las insurgencias evolucion� del v�rtice a la base� a unas bandas de forajidos que crecieron desmesuradamente y han pretendido suplantar la acci�n del Estado, nutridos financieramente por el narcotr�fico. El resultado es la situaci�n de �s�lvese quien pueda� que se observa actualmente. El gobierno est� haciendo un esfuerzo por dar una salida a la desmovilizaci�n de un grupo grande de combatientes de esas organizaciones, pero tendr� grandes dificultades, tanto para lograrla y legitimar el proceso y las medidas de sometimiento a la justicia que la situaci�n exige. 3.- El compromiso de la Iglesia en la construcci�n de la paz Para contribuir a despejar este horizonte, desenredar esta mara�a de intereses y c�lculos, y lograr que el gobierno y la guerrilla vuelvan a la mesa de negociaci�n, la Iglesia en Colombia ha desplegado inmensos esfuerzos que ha tenido como ingredientes principales la participaci�n de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Ha sido notable el empe�o y el compromiso de la Iglesia por colaborar como �facilitadora� en los procesos que se sostienen con el ELN, las autodefensas y las FARC. En trabajo mancomunado con los m�s diversos sectores de la sociedad colombiana y con la ayuda de la comunidad internacional, debemos seguir propiciando escenarios y dise�ando f�rmulas que permitan lograr que tanto el Estado como la insurgencia, en especial esta �ltima, dejen a un lado sus c�lculos militares y logren descubrir mayores y leg�timos beneficios, en la negociaci�n pol�tica del conflicto armado y en la acci�n pol�tica posterior, que en la continuidad de la guerra. La Iglesia en Colombia y la Comisi�n de Conciliaci�n Nacional durante los �ltimos a�os ha mantenido el empe�o para que el proceso de construcci�n de la paz llegue a la firma de un �acuerdo humanitario� entre el Estado colombiano y los movimientos armados al margen de la ley. Los or�genes de esta iniciativa se remontan a la propuesta que la Iglesia hizo al Pa�s en 1998, en asocio con el Comit� Internacional de la Cruz Roja y la Universidad Javeriana durante el lanzamiento de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Un acuerdo humanitario, adem�s de lograr la liberaci�n de numerosas personas secuestradas y buscar incidir en la disminuci�n de los alt�simos �ndices de extorsi�n y secuestro que sufre Colombia, procurar�a un alivio sustancial a la dolorosa situaci�n que sufren miles de colombianos v�ctimas de la violencia, el desplazamiento forzado y el abandono estatal. Tambi�n debe servir como instrumento para incrementar los niveles de confianza entre gobierno e insurgencia, y dar argumentos a la sociedad para seguir alimentando la esperanza y confiando en las posibilidades que tiene Colombia de alcanzar la paz, con el concurso de todos los ciudadanos. En esta coyuntura de violencia y conflicto armado que vive Colombia, sus Obispos hemos asumido la causa de la paz con fidelidad y compromiso. Ello se ha reflejado en la importancia que el tema ha recibido en las Asambleas Episcopales, en los documentos que sobre el tema hemos producido en la Conferencia Episcopal de Colombia, en la labor serena, discreta y permanente de los Obispos, Sacerdotes, Religiosos y muchos laicos comprometidos en la causa de la paz y la justicia . La contribuci�n de la Iglesia en Colombia en favor de la paz no ha sido simplemente coyuntural, pues ha sido constante, como corresponde a un compromiso que se deriva de su misi�n propia. Ya en mayo de 1994 la Conferencia Episcopal emiti� el documento Hacia una Pastoral para la Paz en el que se estudia la violencia en el pa�s, sus desaf�os, manifestaciones y causas, y se presenta un texto doctrinal sobre la paz y el mensaje del Reino. All� se establecen de manera sistem�tica criterios para la pastoral de la paz y se formularon l�neas de acci�n, programas y actividades concretas, subrayando el concepto de paz entendida como don de Dios, fruto de su amor y de su presencia salvadora y tarea de todos sobre la base de la verdad, la justicia, la solidaridad y la reconciliaci�n. La Iglesia ha sostenido que la paz es posible a�n en medio de los conflictos, tensiones y violencias que sufre el pa�s, y su b�squeda implica esfuerzo, lucha valerosa y compromiso que no significan pacifismo temeroso que condesciende con la injusticia, ni quedarse cruzado de brazos. Obviamente la labor respectiva se ha enfatizado y acentuado en determinados momentos y frente a distintas circunstancias. En varias asambleas posteriores a 1994 y m�s recientemente en 2001, el Episcopado Colombiano ha reflexionado sobre su responsabilidad pastoral frente al conflicto armado colombiano. Dicha reflexi�n ha contado, en ocasiones, con nutrida participaci�n de laicos que expresan sus expectativas y sugerencias respecto del papel de la Iglesia, sus Obispos y sacerdotes, en la construcci�n de la paz. Esta reflexi�n conjunta ha aportado elementos valiosos que han permito a la Iglesia comprender mejor la realidad del conflicto armado, reiterar los principios fundamentales de la acci�n eclesial por la paz y establecer los compromisos que debemos asumir en la b�squeda de la convivencia fraterna entre todos los colombianos. En las regiones y jurisdicciones eclesi�sticas, los Obispos, p�rrocos, sacerdotes y laicos comprometidos, promueven e impulsan procesos concretos que buscan la convivencia fraterna y ciudadana. Tambi�n desde la Conferencia Episcopal se promueve e impulsa la pastoral para la paz en el �mbito nacional. En ese cometido se ha propiciado en los �ltimos a�os seminarios, talleres y encuentros de toma de conciencia y formaci�n, eventos en favor de la identificaci�n y asimilaci�n de los valores indispensables para la superaci�n de la violencia y la construcci�n de la convivencia fraterna, as� como tambi�n campa�as de movilizaci�n ciudadana por la vida, la justicia y la paz. Respecto de las campa�as o acciones de movilizaci�n ciudadana a favor de la paz promovidas o impulsadas por la Conferencia Episcopal debe se�alarse, entre otras, la Semana por la Paz, que con una programaci�n espec�fica sugerida a las jurisdicciones eclesi�sticas desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, se lleva a cabo en el mes de septiembre durante la festividad de San Pedro Claver y d�a colombiano de los derechos humanos. Adem�s por regiones hemos venido impulsando la Escuelas de Paz y Convivencia para capacitar l�deres constructores de paz. Ocup� un sitial destacable el V�a Crucis Nacional por la Vida, la Justicia y la Paz que se convoc� durante los a�os los a�os 1996 al 2002 en los d�as previos a la Semana Santa en las regiones en donde el conflicto armado cobraba niveles de mayor intensidad o degradaci�n. En el V�a crucis una gran cruz met�lica, con aspecto de hombre, recorri� carreteras y caminos congregando multitudes que, bajo la orientaci�n de sus Pastores combinaron el fervor religioso con muestras de folclore y cultura, y exteriorizaron su compromiso cristiano por la vida, la justicia social y la paz. 4.- La Iglesia y la soluci�n del conflicto armado colombiano La Iglesia afirma insistentemente el respeto fundamental de la vida de toda persona, su libertad, sus derechos y deberes correlativos, y reitera la opci�n evang�lica por los m�s pobres, excluidos y desplazados, que son quienes m�s sufren las consecuencias del conflicto armado. Los Obispos tambi�n seguimos comprometidos en apoyar todos los esfuerzos e iniciativas encaminadas a superar las causas del conflicto armado, y a colaborar activamente en la reconstrucci�n del tejido social, condiciones necesarias para una aut�ntica paz, y reafirmamos nuestra independencia y autonom�a como pastores del Pueblo de Dios para anunciar el Evangelio y denunciar todo aquello que se opone a la realizaci�n de su Reino y de su Justicia, y somos expl�citos en se�alar nuestra total independencia y no permitimos que los grupos en conflicto nos vinculen a Obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos o agentes de pastoral en uno u otro bando. - Cuota de sangre... de la Iglesia y de las Iglesias... En los �ltimos a�os han sido v�ctimas de esta violencia que genera el conflicto dos Obispos, Monse�or Jes�s Emilio Jaramillo quien fuera Obispo de Arauca y Monse�or Isa�as Duarte Cancino, Arzobispo de Cali y cerca de 60 sacerdotes, religiosos, religiosas y tambi�n algunos pastores de algunas iglesias cristianas. El episcopado ha sido reiterativo en su convicci�n sobre la necesidad de la soluci�n pol�tica negociada del conflicto armado, la conciliaci�n, el di�logo y la acci�n decidida del Estado sobre las causas que han generado el conflicto, sin lo cual no es posible pensar en una soluci�n permanente del mismo, ni en una construcci�n definitiva de la paz en Colombia. Fiel a su compromiso por la paz y convencidos que para obtenerla, la v�a adecuada es el di�logo y la negociaci�n, la Iglesia en Colombia est� muy atenta a todo lo que pueda contribuir a la realizaci�n efectiva de procesos de negociaci�n entre el gobierno y los grupos alzados en armas. En esa l�nea y en acci�n conjunta y solidaria con la Conferencia Episcopal Alemana, la Conferencia Episcopal de Colombia facilit� y coordin� en 1998 los di�logos por la paz entre la sociedad civil y el Ej�rcito de Liberaci�n Nacional en las ciudades alemanas de Maguncia y de Wurzb�rg, que concluyeron con un documento denominado de �Puerta del Cielo�, en el que se reafirm� la voluntad de esa organizaci�n insurgente de respetar el derecho internacional humanitario, y de realizar la Convenci�n Nacional. Luego de esas reuniones, y a pesar de las numerosas dificultades e incomprensiones que ha enfrentado, la Iglesia ha seguido en permanente contacto y ha participado en todas las iniciativas de la sociedad que apoyan el proceso de di�logo y negociaci�n con el ELN, entre ellas la llamada Comisi�n Facilitadora Civil, que ha Estado cerca del ELN en sus acercamientos y distanciamientos con los gobiernos Pastrana y Uribe y que a�n hoy, a pesar de la manifestaci�n de esa guerrilla de no negociar con el actual gobierno, permanece atenta a buscar caminos de encuentro, para superar los obst�culos que impiden las conversaciones. En el proceso de di�logo y negociaci�n con las FARC-EP llevado a cabo por el gobierno Pastrana la Iglesia estuvo siempre presente y dispuesta a colaborar para que esas conversaciones no se rompieran. Una vez declarada y puesta en marcha la Zona de Distensi�n en el sur del pa�s, el presidente de la Conferencia Episcopal y otros Obispos, sostuvieron di�logos con los integrantes de esa organizaci�n guerrillera. Actualmente, luego de rotos los contactos entre el Estado y las FARC, la Iglesia en Colombia permanece firme en su prop�sito de facilitar el di�logo para la soluci�n pol�tica, �nico camino para la obtenci�n de una paz firme y duradera. El trabajo de la Iglesia frente a las FARC se concentra actualmente en dos frentes principales. Por un lado se conform�, con la aquiescencia del gobierno nacional, una Comisi�n Facilitadora para apoyar el acuerdo humanitario que tanto el gobierno como las FARC han manifestado querer concretarlo. Esta Comisi�n est� conformada por el se�or Arzobispo de Tunja, Mons. Luis Augusto Castro Quiroga, Vicepresidente de la Conferencia Episcopal y de la Comisi�n de Conciliaci�n Nacional, y el P. Dar�o A. Echeverri G., Secretario General de la Comisi�n de Conciliaci�n Nacional, es decir, dos hombres de Iglesia con un reconocido compromiso con la paz y experiencia en la resoluci�n de conflictos. Esta Comisi�n ha trabajado, con apoyo del gobierno de manera discreta pero firme, en lograr contactos con miembros del Secretariado de las FARC, para que, a trav�s de sus buenos oficios, se puedan sentar las bases para un encuentro de comisiones negociadoras de las partes, con plenos poderes para avanzar en la negociaci�n de un acuerdo. 5.- Expectativas frente a la comunidad internacional No es posible como seres humanos y como naciones, vivir aisladamente. La Naci�n colombiana siente la necesidad de insertarse en la din�mica creciente de la globalizaci�n como parte activa en la comunidad de las naciones solidarias en esta coyuntura cr�tica. Colombia necesita la cooperaci�n de la comunidad internacional en sus asuntos internos. Hoy el pa�s reconoce la creciente interdependencia de las naciones, y es consciente que para lograr la construcci�n de la paz, adem�s de un gran esfuerzo a nivel interno, se requiere la colaboraci�n activa de los organismos internacionales, de los gobiernos amigos y de las organizaciones no gubernamentales internacionales. La participaci�n de la comunidad internacional en la b�squeda de una salida negociada al conflicto armado colombiano encontrar� legitimidad en la medida en que se enmarque dentro del �mbito del respeto a la Constituci�n y las Leyes de la Rep�blica y de los principios y fundamentos que rigen en la Comunidad Internacional. Los grandes temas de la agenda mundial, es decir, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Narcotr�fico y Terrorismo, est�n presentes en la realidad del Pa�s y del conflicto armado que padecemos. Estamos convencidos que si no se combaten a fondo, los cultivos il�citos y el consumo de sus derivados, la coca�na, la hero�na, que alimentan la violencia, la corrupci�n y la guerra, ser� muy dif�cil construir la paz aut�ntica. La soluci�n del enfrentamiento entre los colombianos pasa tambi�n por la soluci�n de los graves problemas relacionados con la violaci�n de los derechos humanos, con la destrucci�n del medio ambiente, la devastadora acci�n del narcotr�fico, injusticia social, desplazamiento forzoso, desempleo, abandono del campo, corrupci�n y concentraci�n de la riqueza. La participaci�n de la comunidad internacional puede contribuir a darle un car�cter permanente a la pol�tica de paz, pues ya no recaer� solamente en la sociedad civil colombiana el peso de vigilar y exigir la permanencia de esta pol�tica dentro de los vaivenes de los gobiernos de turno, sino que ser� tambi�n la comunidad internacional la que facilitar�, con su presencia y colaboraci�n activa, la implementaci�n de los acuerdos y decisiones que se deriven de la misma.
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