La Comunidad de San Egidio valoró de decisión de distintos estados del mundo de adherir a la Resolución para una Moratoria Universal de las ejecuciones, aprobada en 2007 por la Organización de las Naciones Unidas.

     Dicha Comunidad trabajó directamente en el cambio con Mongolia y Maldivas, dos de los países que pasaron del frente contrario al frente abolicionista.

     El presidente de esa entidad, Mario Marazziti, señala en un comunicado que se trata de “un proceso que continua, y que ve cada vez más necesaria, una justicia capaz de respetar la vida, que no rebaje jamás al estado y a la sociedad civil al nivel de quien mata”. Y considera que “es un nuevo estándar moral y de respeto de los derechos humanos que se afirma en la consciencia del mundo, lentamente, pero establemente”, al tiempo que expresa el deseo de que “esto pueda desanimar también las condenas apenas conminadas, desde Tarik Aziz (condenado a pena de muerte en Iraq por crímenes contra la humanidad) a Aasia Bibi, apenas condenada en Pakistán por el delito de ‘blasfemia’, y por cuyas condenas están en curso procesos de llamamiento".

     El texto completo del comunicado es el siguiente:

ONU. Moratoria pena de muerte: Otro éxito.
La pena de muerte se hace más pequeña. La pena de muerte es más débil
 Mario Marazziti, Comunidad de Sant'Egidio.

     107 votos a favor de la nueva Resolución para una Moratoria Universal de las ejecuciones, en vista de una plena abolición. 38 votos contrarios y 36 abstenciones. Un gran éxito que marca un trend irreversible hacia el final de la pena capital en el mundo. La pena de muerte se hace más pequeña, como lo demuestra no solo un voto más a favor, sino sobre todo los ocho votos menos en contra.

     Ha sido un trabajo intenso, también en el Edificio de Vidrio. He visto crecer el número de los co-sponsor, y devenir el texto de la nueva Resolución "más universal". Con Amnesty International y la WCADP hemos trabajado en estrecho contacto con el Grupo de trabajo y en encuentros bilaterales con países que aun tienen la pena de muerte en sus ordenamientos. La satisfacción entonces es muy grande.

     La Comunidad de Sant'Egidio ha trabajado directamente en el cambio con los dos países, Mongolia y Maldivas, que han pasado del frente contrario al frente abolicionista. Y es un motivo particular de satisfacción por la elección audaz de importantes países. Una contraprueba que el cambio se afirma también en Asia y en países con tradición musulmana. Una última misión en Mongolia, en el mes de noviembre, con encuentros con el Presidente y los partidos de la oposición, y con el presidente de Maldivas, desde el verano pasado forman parte de este éxito. Junto a un recorrido de acompañamiento legislativo y en la relación con las opiniones públicas y los ministros de Justicia de Tanzania, Gabón, Togo, Guatemala y otros veinte países africanos, latino americanos y asiáticos, demuestra que es posible hacer una práctica de justicia a la histórica Resolución aprobada en 2007, que señala la abolición de la pena capital como un nuevo estándar del respeto de los derechos humanos en el mundo.

     Mientras tanto estados como New México y New Jersey, países como Gabón y Uzbekistán y Burundi han dejado la pena de muerte en el pasado. Se asiste a una consistente caída de las ejecuciones en China y a un clima cambiante desde los Estados Unidos a la India, con los mínimos históricos del número de ejecuciones.

     Es el fruto de una gran sinergia, institucional y a nivel de organizaciones de la sociedad civil. Europa ha jugado un gran rol, y en su interior una prueba general de política exterior unitaria que ha visto comprometidos, en igual medida, a todos los países miembros; en la primera fila, la Misión Italiana en la ONU guiada por el embajador Ragaglini y los consejeros Cacciaguerra y Zelioli. Un rol ejercido con discreción y en colaboración con la "task force" internacional formada por diez países, desde Argentina a Nueva Zelanda, del Burundi a Timor Oriental, que prueba una cambiante sensibilidad del mundo. El trabajo de organizaciones internacionales reunidas en la World Coalition Against the Death Penalty ha hecho el resto.

     Es un proceso que continua, y que ve cada vez más necesaria, una justicia capaz de respetar la vida, que no rebaje jamás al estado y a la sociedad civil al nivel de quien mata.

     Es un nuevo estándar moral y de respeto de los derechos humanos que se  afirma en la consciencia del mundo, lentamente, pero establemente.

     Es deseable que esto pueda desanimar también las condenas apenas conminadas, desde Tarik Aziz a Aasia Bibi, apenas condenada en Pakistán por el delito de "blasfemia", y por cuyas condenas están en curso procesos de llamamiento".