El miércoles 5 de julio llegaron a París los primeros refugiados acogidos por Francia por la vía del corredor humanitario. Se espera que vengan por este sistema alternativo al menos 500 sirios e iraquíes provenientes directamente de campamentos de refugiados de Líbano, con lo que evitarían tener que afrontar por su cuenta y riesgo un complejo camino hasta alcanzar su deseo de llegar a Europa en su huida de la guerra.

La idea es que los refugiados viajen a Francia desde Líbano en grupos de 50 personas, a lo largo de 18 meses, con lo que la asimilación sea progresiva. Los primeros en llegar han sido cuatro familias de sirios e iraquíes, que aterrizaron en el aeropuerto parisino Charles De Gaulle para comenzar una nueva vida en la que se abre un espacio para la esperanza.

Al igual que ocurre en Italia, donde este modelo funciona con éxito desde hace casi un año y medio (ya han acogido por esta vía segura a 700 personas), se trata de una acción coordinada entre el Estado (aprobada en marzo por el Ejecutivo socialista de François Hollande, la medida ha sido ratificada por el nuevo presidente de la República, Emmanuel Macron) y distintas agrupaciones religiosas, entre ellas, la Comunidad de Sant’Egidio, Cáritas y la propia Conferencia Episcopal.

Sant’Egidio es el eje vertebrador de este sistema, que además se busca que tenga un carácter ecuménico. Así, si en Italia la entidad fundada por Andrea Riccardi se apoya en la Federación de Iglesias Evangélicas y en la Iglesia valdense, en Francia lo hace en la Federación de Ayuda Protestante.

¿Y España?

En el caso de España, como confirma a Vida Nueva la Comunidad de Sant’Egidio, esta se reúne periódicamente desde hace un año con el Gobierno de Mariano Rajoy para concretar su oferta de que nuestro país también ponga en marcha un corredor humanitario. Una propuesta que cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal. Se asegura al Ejecutivo que, al igual que ocurre en Italia o ahora en Francia, la cooperación sería clave a la hora de articular una buena acogida para estas personas en materias como la vivienda, la sanidad o la educación. Pero, por ahora, si bien desde Moncloa se enfatiza que está en estudio, no ha llegado una respuesta definitiva.