Desde los primeros momentos de la crisis humanitaria de los refugiados provenientes de Siria y de las otras zonas en guerra de Oriente Medio, la Comunidad de Sant'Egidio de Hungría trabaja para recibir a los solicitantes de asilo y esforzándose por comunicar una cultura de humanidad y respeto hacia aquellos que huyen de situaciones dramáticas, llegando incluso a arriesgar su vida.

Hace unos días, en ocasión de la fiesta nacional de San Esteban, durante una liturgia en la que participaron las máximas autoridades del Estado, el arzobispo de Budapest, el cardenal Péter Erdő, manifestó públicamente su apoyo e invitó a todos "a respetar el trabajo de la Comunidad de Sant’Egidio y de otros organismos y comunidades católicos, que con amor y humanidad socorren a los más necesitados".

Ayer la Comunidad divulgó un llamamiento al Parlamento en el que pide que se frenen algunas propuestas de ley que quieren frenar y criminalizar la llegada de refugiados.

Budapest, 2 de septiembre de 2015

La Comunidad de Sant’Egidio mira con preocupación y compasión las historias de los solicitantes de asilo que en Hungría, y en tránsito, en otros países de Europa buscan protección, huyendo de sus países destrozados por la guerra y la violencia. Tribulaciones de este tipo no pueden hacer sino recordar a nuestros compatriotas que vivieron la Segunda Guerra Mundial, las consiguientes deportaciones, o bien aquellos que tuvieron que abandonar su patria en 1956.

Ciertas medidas que han tomado las autoridades agravan la situación de gente que arrastra un gran sufrimiento y ni siquiera contribuyen a la solución del problema y a la salvaguarda del orden público; en todo caso, tienen el efecto contrario. Consideramos que la valla de alambre con cuchillas que se ha levantado en la frontera entre Serbia y Hungría es una de esas medidas.

Opinamos lo mismo de varios elementos del paquete legislativo que se ha planteado estos días en el Parlamento. En particular,  la criminalización del "paso no autorizado" y de los "desperfectos en la barrera fronteriza" son motivos de grave preocupación. Las sanciones penales consiguientes afectarían a personas que atraviesan la frontera no con intenciones criminales sino porque huyen desesperadamente. Un proceso penal puede desintegrar familias que ni siquiera la guerra ha podido desintegrar. En cuanto a las eventuales expulsiones, dichas sanciones serán imposibles, pues el derecho internacional y la Ley fundamental (Constitución) de nuestro país prohíben la deportación a zonas de guerra.

Asimismo es preocupante el proyecto de ley que en ciertos casos autorizaría a la policía a entrar en viviendas particulares sin una orden judicial, en caso de sospecha de presencia de inmigrantes clandestinos. Dicha medida afectaría a aquellos compatriotas nuestros que por motivos humanitarios acogen temporalmente por ejemplo a familias con niños.

La perspectiva de una sanción penal  no detendrá a aquellos que, por miedo de perder su vida y  la de sus seres queridos, huyeron de una muerte casi segura, atravesando varias fronteras y sobreviviendo a varios peligros. La afirmación según la cual los refugiados aumentarán si son bien acogidos y disminuirán si son tratados con rigor queda en entredicho por la experiencia: el número de personas que llegan no depende de los factores de atracción sino de la gravedad de los motivos que les impulsan a huir. El rigor penal u otras medidas severas no son adecuadas para resolver la crisis de los refugiados. Solo la paz en los países de origen podrá detener el éxodo de refugiados.